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Nearly 20 years ago, the Bush administration and the U.S. ruling class invaded the sovereign nation of Afghanistan, initiating decades of violence and occupation of the Afghan people. To date, the U.S. empire and its Western allies are complicit in the deaths of over 100,000 Afghan adults and children, leaving thousands more injured or permanently disabled. As usual, it is the people of the United States who are forced to fund these imperialist endeavors: The financial cost to U.S. citizens has so far edged over $1 trillion, much of it lost in a sink-hole of corruption, or spent enriching military contractors and the financial elite (the debt for the war will take years to pay off).
 
Two decades of repeated U.S. bombing—nearly 50,000 bombs have been dropped on a country the size of Texas—have left Afghanistan with catastrophic levels of poverty, an economy in shambles, and health care workers struggling with the added burden of the pandemic. In 2019 alone, the United States dropped 7,423 bombs and missiles, the most since 2006 (when data became available).  

Nearly 3 million Afghans refugees have fled their country to escape the violence, making Afghanistan one of the world’s biggest sources of refugees, and over 2 million Afghans have been internally displaced.

In February 2020, the Trump administration and the Taliban—without the U.S.-dominated Afghan government—signed a peace agreement that called for the scheduled withdrawal of U.S. and other foreign forces. The corporate media, foreign-policy community and other profiteers of the military-industrial complex swiftly criticized the talks. But within days of taking office, the Biden administration signaled the deal is off, citing the importance of supporting a “stable, sovereign, democratic, and secure future for Afghanistan.” That is the same language we hear whenever the United States conspires to overthrow a foreign leader who is hostile to U.S. capital, thereby presenting a threat to U.S. hegemony (see Iraq, Libya, Syria, Chile, Venezuela, to name a few).

The Black Alliance for Peace Solidarity Network, comprised of non-African/Black people and organizations who support BAP’s mission, condemns the continued war and occupation of Afghanistan, as we condemn the use of state violence and militarism against poor and working-class people of all nations. That is why we demand the immediate withdrawal of all U.S. and NATO-backed forces from Afghanistan and from the region.

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Photo credit: Jalil Rezayee/EPA, via Shutterstock

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Hace casi 20 años, la administración Bush y la clase dominante de Estados Unidos invadieron la nación soberana de Afganistán, iniciando décadas de violencia y ocupación del pueblo afgano.

Hasta la fecha, el imperio estadounidense y sus aliados occidentales son cómplices de la muerte de más de 100.000 adultos y niños afganos, dejando miles más heridos o discapacitados permanentemente. Como de costumbre, es el pueblo de los Estados Unidos el que se ve obligado a financiar estas empresas imperialistas: el coste financiero para los ciudadanos estadounidenses ha superado hasta ahora el billón de dólares, gran parte de ellos se han perdido en un pozo de corrupción o se han gastado para el enriquecimiento de contratistas militares y la élite financiera (la deuda de la guerra tardará años en liquidarse).

Dos decenios de bombardeo continuo, se han arrojado 50.000 bombas en un país del tamaño de Texas, ha dejado Afganistán con niveles catastróficos de pobreza, una economía arruinada, y los trabajadores sanitarios luchando con la carga añadida de la pandemia. Solo en 2019, los Estados Unidos arrojaron 7.423 bombas y misiles, la mayor cantidad desde 2006 (año en que se comenzó
a disponer de datos).

Casi 3 millones de refugiados afganos han huido de su país para escapar de la violencia, lo que convierte a Afganistán en una de las mayores fuentes de refugiados del mundo, y más de 2 millones de afganos han sido desplazados internamente.

En febrero de 2020, la administración Trump y los talibanes (sin el gobierno afgano dirigido por Estados Unidos), firmaron un acuerdo de paz que pedía la retirada programada de Estados Unidos y otras fuerzas extranjeras. El conglomerado mediático, el sector de política exterior y otros especuladores del complejo militar-industrial criticaron rápidamente las negociaciones. A los pocos días de tomar Biden posesión del cargo, su gobierno señaló que este acuerdo se anulaba, mencionando la importancia de apoyar un “futuro estable, soberano, democrático y seguro para Afganistán.” Ese es el mismo lenguaje que escuchamos cada vez que Estados Unidos conspira para derrocar a un líder extranjero que es hostil al capital estadounidense, presentando así una amenaza a la hegemonía de Estados Unidos (véanse los ejemplos de Irak, Libia, Siria, Chile, Venezuela, por nombrar algunos).

La Red de Solidaridad de la Alianza Negra por la Paz, compuesta por personas y organizaciones no africanas o negras que apoyan la misión de BAP, condena la guerra y la ocupación continuas de Afganistán, al igual que condenamos el uso de la violencia estatal y el militarismo contra los pobres y la clase trabajadora de todas las naciones. Por eso exigimos la retirada inmediata de todas las fuerzas respaldadas por Estados Unidos y la OTAN de Afganistán y de la región.

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Foto: Jalil Rezayee/EPA, via Shutterstock

(Traducido por Federación de Comités de Solidaridad con África Negra - UMOYA [de España])