[Español abajo]

U.S. President Joe Biden’s pledge to alter the Department of Defense’s 1033 program because of his supposed commitment to racial justice is an affront. The gratuitous militarization of police forces across the United States through this program has helped to turn these agencies into brutal weapons of repression. Therefore, nothing short of complete abolition of this program is acceptable.

The National Defense Authorization Act of 1997 that then-Senator Joe Biden (D-Delaware) supported and President Bill Clinton (D) signed into law created the 1033 program by expanding on a previous program.

The expansion allowed law-enforcement agencies to purchase surplus military weapons at dramatically discounted prices. As a result, the 1033 program became one of the primary mechanisms that caused hyper-militarization of local and state police agencies across the United States, having transferred $7.4 billion in military gear since the 1990s.

Responding to outrage about the heavily militarized police response to protests after Michael Brown’s murder in Ferguson, Missouri, President Barack Obama enacted a policy in 2015 that appeared to limit the program, but made little difference in any department’s ability to acquire and use military weapons.

Even with the scale-back, the Obama administration managed to transfer a $459 million arsenal to police agencies. That was 14 times as many weapons of terror and death than President George W. Bush gifted local police in 2008, the year during which such transfers had reached their peak.

In fact, during the Obama administration, the 1033 program expanded by 24-fold (2,400%).

President Donald Trump came into office and reversed Obama’s cosmetic changes.

What the Biden administration is now proposing by reversing Trump’s reversal to the Obama policy is not enough, as reverting the policy to Obama’s altered version is not justice.

What is required is demilitarization and an end to the police occupation of colonized Black and Brown communities. These police forces are not committed to protect and serve the interests of those communities, but of powerful oppressive forces outside of those communities.

What the Biden administration and Democrats fail to admit is this program was put into place as the latest form of militarized repression deployed to control and contain Black and Brown poor and working-class populations.

The label may have changed from the “War on Crime” to the “War on Drugs” to the “War on Terror” to the 2021 “War on Domestic Terror”, but the intent remains the same. Hyper-policing, incarceration, surveillance, infiltration, direct military assaults and extrajudicial murders long have characterized the relationship between U.S. intelligence and law-enforcement agencies and the Black and Brown colonized and working classes of the United States.

Therefore, we, the undersigned, demand the Biden administration immediately abolish the 1033 program.

Furthermore, we call on all communities that received tanks, armored personnel carriers, machine guns, grenade launchers and all other weapons of war through this program to document and return those weapons to federal authorities.

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La promesa del presidente estadounidense Joe Biden de modificar el programa 1033 del Departamento de Defensa basándose en su supuesto compromiso con la justicia racial es una afrenta. La militarización gratuita de las fuerzas policiales en todo Estados Unidos a través de este programa ha contribuido a convertir estas fuerzas en brutales armas de represión. Por lo tanto, nada que no sea la abolición completa de este programa es aceptable.

La Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 1997 que el entonces senador Joe Biden (demócrata de Delaware) apoyó y el presidente Bill Clinton (demócrata) promulgó como ley, estableció el programa 1033 ampliando uno anterior.

Esta ampliación permitía a los organismos policiales comprar excedentes de armas militares a precios extraordinariamente reducidos. Esto dio como resultado que el programa 1033 se convirtiera en uno de los principales instrumentos que provocaron la desmesurada militarización de los organismos policiales tanto locales como estatales de todo Estados Unidos, habiéndoles sido transferidos equipos militares por valor de 7.400 millones de dólares desde los años 1990.

Como respuesta a las manifestaciones de indignación provocada por la acción policial fuertemente militarizada durante las protestas por el asesinato de Michael Brown en Ferguson, Missouri, el presidente Barack Obama aprobó en 2015 unas medidas que aparentemente limitaban el programa, pero que apenas representaron una gran diferencia en la capacidad de cualquier departamento para adquirir y utilizar armas militares.

Incluso con esos recortes, el gobierno de Obama logró transferir un arsenal por valor de 459 millones de dólares a los órganos policiales. Eso supuso una cantidad de armas de terror y muerte 14 veces mayor que las que el presidente George W. Bush había donado a la policía local en 2008, año en el que esas transferencias alcanzaron su valor máximo.

En realidad, durante la administración Obama, el programa 1033 se multiplicó por 24 (2.400%).

Cuando el presidente Donald Trump ocupó el cargo se revirtieron los cambios superficiales de Obama a la situación anterior.

Lo que la administración Biden ahora propone es volver a las medidas que adoptó en su día la administración de Obama y dejar sin valor la reversión de Trump. Pero eso no es suficiente, ya que revertir estas medidas para establecer la versión alterada de Obama no es justicia.

Lo que se requiere es la desmilitarización y el fin de la ocupación policial de las comunidades colonizadas negras y de piel oscura. Estas fuerzas policiales no están dedicadas a la protección y servicio de los intereses de esas comunidades, sino a los de otras poderosas fuerzas opresoras ajenas a ellas.

Lo que el gobierno de Biden y los demócratas no quieren admitir es que este programa se puso en marcha como última manifestación de la represión militarizada desplegada para controlar y contener a las poblaciones pobres negras y de piel oscura de la clase trabajadora.

Aunque se haya cambiado la etiqueta de “Guerra contra el crimen” a “Guerra contra las drogas” después a “Guerra contra el terrorismo” y ya en 2021 a “Guerra contra el terrorismo interno” la intención sigue siendo la misma. Las extremadas medidas policiales, el encarcelamiento, la vigilancia, la infiltración, los asaltos militares directos y los asesinatos extrajudiciales han caracterizado durante mucho tiempo la relación entre los organismos de inteligencia y fuerzas del orden de los Estados Unidos con las clases trabajadoras y colonizadas negras y de piel oscura
estadounidenses.

Por lo tanto, nosotros, los abajo firmantes, exigimos a la administración Biden que elimine de inmediato el programa 1033.

Además, hacemos un llamamiento a todas las comunidades que recibieron vehículos blindados de transporte de tropas, ametralladoras, lanzagranadas y todas las demás armas de guerra para que las documenten y las devuelvan a las autoridades federales.

(Traducido por Federación de Comités de Solidaridad con África Negra - UMOYA [de España])